Ante la preocupación por el creciente aumento de inmigrantes extranjeros en las principales ciudades del norte y las consecuencias sociales que implica, los intendentes de esa zona están solicitando que se modernice la anacrónica legislación que regula este tema.
La ley de extranjería ha sido catalogada como anti-migratoria al considerar a los migrantes como turistas y no trabajadores, con lo que comienza un engaño sobre la llegada de extranjeros a nuestro país.
Sin embargo, las razones para justificar el cambio son principalmente la recarga en los sistemas públicos de salud y educación, además de los problemas que generan grupos minoritarios que realizan actividades ilegales, lo que ha significado el aumento de comercio ambulante.
Otra preocupación de las autoridades es el incremento del narcotráfico y la prostitución. Actividades que se relacionan directamente con el delito, según afirmó el vocero de los inmigrantes peruanos en Chile, Raúl Paiva, para quien “la migración es un derecho, no un delito”.
“Dicen que los inmigrantes somos delincuentes. Ese es un criterio que existe en Policía Internacional en Chile. Ellos tienen el derecho a pedirnos nuestra identificación, pero no a llevarnos a sus cuarteles y a amenazarnos con que nos van a expulsar o que nos van a quitar la Visa definitiva. Estos son una serie de atropellos que están realizando cuando su función principal es perseguir a los criminales. Hoy nosotros somos los perjudicados”, denunció el dirigente (nota: Perú persigue a los ilegales y los expulsa. Por otro lado, una persona residiendo ilegalmente que desarrolla actividades reñidas con la legislación, como el comercio ambulante, ciertamente arriesga una expulsión).
Paiva indicó que en Chile existen una serie de trabas para que ellos puedan ejercer su profesión o más simple, encontrar un empleo, toda vez que les solicitan la visa para poder acceder a un contrato laboral y, a la vez, un trabajo estable para poder acceder a la visa (nota: los migrantes legales no tienen esos problemas, porque son... legales).
“Quien no tiene carné chileno no existe”, afirmó el ciudadano peruano. Esto se vuelve aún más complejo si consideramos que en el norte los migrantes se clasifican principalmente en el grupo conocido como “migrantes económicos”, es decir, aquellos que llegan al país buscando nuevas oportunidades y que hoy están siendo excluidos de ellas (nota: la obligación del Estado chileno es crear oportunidades para sus nacionales y los inmigrantes legales. Es responsabilidad de su propio país crear las condiciones para que ellos no deban migrar).
Juan Pablo Pino, integrante del equipo de apoyo jurídico del Instituto Católico Chileno de Migración (INCAMI), comentó que “si el argumento es que el sistema de salud o el de educación se ve colapsado, la verdad es que esa no es una postura válida por cuanto que Chile es en sí mismo un foco migratorio. Chile se encuentra dentro de los países que económicamente está mejor que el resto (nota: sí, pero no lo suficientemente mejor como para hacerse cargo de los pobres ajenos). Por eso las leyes no debieran cambiar en un sentido inverso. Aquí hay trabas para que no entren, lo que va en contra de lo que intenta promulgar el Estado de Chile frente a la comunidad latinoamericana”.
Para el especialista la legislación debe ser repensada conforme a nuevos criterios que reflejen una estrategia de desarrollo e integración a nivel nacional. Las ciudades del norte hace tiempo vienen pidiendo que parte del dinero conseguido de la extracción de sus recursos naturales quede dentro de la región y que se desarrollen estrategias que les permitan un mayor desarrollo (nota: si quedan más recursos en regiones, deben ser para absorver las necesidades de sus habitantes, no para financiar servicios para inmigrantes ilegales).
Para esto, los dirigentes regionales han señalado que se debe pensar en global, actualizando la antigua ley del 74, construyendo una nueva norma a través de acuerdos con los países de los límites para que todos se vean beneficiados con los acuerdos que se contraigan (nota: como Perú, Bolivia y Argentina no acordaron que "ni una molécula de gas llegue a Chile").
La ley de extranjería ha sido catalogada como anti-migratoria al considerar a los migrantes como turistas y no trabajadores, con lo que comienza un engaño sobre la llegada de extranjeros a nuestro país.
Sin embargo, las razones para justificar el cambio son principalmente la recarga en los sistemas públicos de salud y educación, además de los problemas que generan grupos minoritarios que realizan actividades ilegales, lo que ha significado el aumento de comercio ambulante.
Otra preocupación de las autoridades es el incremento del narcotráfico y la prostitución. Actividades que se relacionan directamente con el delito, según afirmó el vocero de los inmigrantes peruanos en Chile, Raúl Paiva, para quien “la migración es un derecho, no un delito”.
“Dicen que los inmigrantes somos delincuentes. Ese es un criterio que existe en Policía Internacional en Chile. Ellos tienen el derecho a pedirnos nuestra identificación, pero no a llevarnos a sus cuarteles y a amenazarnos con que nos van a expulsar o que nos van a quitar la Visa definitiva. Estos son una serie de atropellos que están realizando cuando su función principal es perseguir a los criminales. Hoy nosotros somos los perjudicados”, denunció el dirigente (nota: Perú persigue a los ilegales y los expulsa. Por otro lado, una persona residiendo ilegalmente que desarrolla actividades reñidas con la legislación, como el comercio ambulante, ciertamente arriesga una expulsión).
Paiva indicó que en Chile existen una serie de trabas para que ellos puedan ejercer su profesión o más simple, encontrar un empleo, toda vez que les solicitan la visa para poder acceder a un contrato laboral y, a la vez, un trabajo estable para poder acceder a la visa (nota: los migrantes legales no tienen esos problemas, porque son... legales).
“Quien no tiene carné chileno no existe”, afirmó el ciudadano peruano. Esto se vuelve aún más complejo si consideramos que en el norte los migrantes se clasifican principalmente en el grupo conocido como “migrantes económicos”, es decir, aquellos que llegan al país buscando nuevas oportunidades y que hoy están siendo excluidos de ellas (nota: la obligación del Estado chileno es crear oportunidades para sus nacionales y los inmigrantes legales. Es responsabilidad de su propio país crear las condiciones para que ellos no deban migrar).
Juan Pablo Pino, integrante del equipo de apoyo jurídico del Instituto Católico Chileno de Migración (INCAMI), comentó que “si el argumento es que el sistema de salud o el de educación se ve colapsado, la verdad es que esa no es una postura válida por cuanto que Chile es en sí mismo un foco migratorio. Chile se encuentra dentro de los países que económicamente está mejor que el resto (nota: sí, pero no lo suficientemente mejor como para hacerse cargo de los pobres ajenos). Por eso las leyes no debieran cambiar en un sentido inverso. Aquí hay trabas para que no entren, lo que va en contra de lo que intenta promulgar el Estado de Chile frente a la comunidad latinoamericana”.
Para el especialista la legislación debe ser repensada conforme a nuevos criterios que reflejen una estrategia de desarrollo e integración a nivel nacional. Las ciudades del norte hace tiempo vienen pidiendo que parte del dinero conseguido de la extracción de sus recursos naturales quede dentro de la región y que se desarrollen estrategias que les permitan un mayor desarrollo (nota: si quedan más recursos en regiones, deben ser para absorver las necesidades de sus habitantes, no para financiar servicios para inmigrantes ilegales).
Para esto, los dirigentes regionales han señalado que se debe pensar en global, actualizando la antigua ley del 74, construyendo una nueva norma a través de acuerdos con los países de los límites para que todos se vean beneficiados con los acuerdos que se contraigan (nota: como Perú, Bolivia y Argentina no acordaron que "ni una molécula de gas llegue a Chile").
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